Eduardo Mella señala que el Estado ha postergado la resolución institucional y democrática de los conflictos sociales y políticos que enfrenta el pueblo mapuche desde la constitución misma del Estado de Chile. Estos se relacionan con las reivindicaciones territoriales y, en tiempos actuales, con la pérdida de los recursos naturales que constituyen su hábitat y que se encuentran en manos de grandes empresas.